EXPRESO -Hasta el 30 de junio del 2016 existía un total de 4,524 trabajadores parlamentarios.
Legislador Yonhy Lescano: “La politización ocasiona clientelaje”.
La imagen del Congreso de la República no sólo se ve mellada por el comportamiento de sus legisladores, sino también por el mal manejo político de algunos de sus funcionarios que le harán perder cuantiosas cantidades de dinero a los sufridos contribuyentes, como en el caso de las contingencias o procesos judiciales, por las cuales el Parlamento Nacional tendrá que pagar la friolera de 105’310,874.16 millones de soles.
Hasta julio del 2016 y de acuerdo a documentación interna del Parlamento Nacional, en casos laborales y otros perdidos el Legislativo tendrá que abonar 42’731,612.74 millones; en contenciosos administrativos unos 2’903,519.79 millones; en civiles 4’850,996.07, en procesos civiles -ONP la cantidad de 52’468,259.00 y en procesos arbitrales 2’356,486.56 millones de soles.
La titular del Congreso, Luz Salgado, sostuvo este viernes que en el Legislativo hay cuatro mil trabajadores, una cifra que consideró excesiva para 130 congresistas. Anunció correcciones en la administración, austeridad y mayor productividad.
Es necesario señalar que, hasta agosto de 2011, el Congreso pasado pagó por procesos judiciales unos 26’893,052.97 millones, es decir 78’417,821.19 millones de soles menos que en la gestión parlamentaria del nacionalismo, con lo cual se triplica el monto del dinero a pagar.
Como justificaciones de las pérdidas de los juicios se señala, por ejemplo, la ausencia de opinión de la Procuraduría en los procesos judiciales y se indica como propuesta que, de acuerdo a sentencias del Tribunal Constitucional (TC), el procurador público está facultado para emitir opinión profesional motivada.
Esto cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado, evitando gastos innecesarios y dilación en los procesos cuando exista jurisprudencia reiterada y precedentes jurisprudenciales.
POLITIZACIÓN
Pero ¿qué sucede cuando es la Procuraduría del Congreso o asesoría jurídica la que no cumple sus funciones?
Fuentes confiables del Parlamento Nacional señalaron que el problema se inició con la designación del procurador Julio Javier Espíritu Orihuela por parte del entonces presidente del Congreso humalista, Víctor Isla.
“Espíritu Orihuela es designado con el encargo de promover procesos judiciales y de despidos de trabajadores usando acusaciones que no tenían mayor fundamento.
Para llegar a ese tipo de objetivo, se despide a los trabajadores, los que inician procesos judiciales y el procurador nunca hace una evaluación de la razonabilidad de que los juicios sigan adelante, ya sea como demandado o demandante”, indica la fuente.
La fuente de alta confiabilidad afirmó que los procesos contra los servidores públicos tuvieron un objetivo político, por lo que fueron promovidos de manera irracional, incluso incumpliendo la Ley de Defensa Jurídica del Estado y sentencias vinculantes del TC, las cuales indican que el ejercicio de defensa del Estado tiene que efectuarse dentro del marco del debido proceso y del respeto a las garantías judiciales y de los derechos fundamentales.
“Este procurador se aparta de estas consideraciones, y comienza a promover todo tipo de procesos de manera irracional y, sistemáticamente, es vencido por la mayoría de trabajadores y de pensionistas que inician los procesos y esa es una de las razones por la que ahora existe una contingencia de más de 105 millones de soles”, añadió.
Inclusive, la fuente recuerda que casi la totalidad del personal que trabajó con Espíritu en la Procuraduría lo denunció ante la Oficialía Mayor del Congreso cuando Javier Ángeles ocupaba el cargo, sin embargo, dicho funcionario tenía el apoyo nacionalista de su lado.
TESTIMONIO
Otra fuente, que solicitó el anonimato por temor a represalias, también habló de la utilización política de los juicios por parte del nacionalismo.
“Estando de presidente el congresista humalista Daniel Abugattás, este recibió, no se sabe de quién, una información errada sobre las publicaciones que la Oficialía Mayor realizaba de las actividades del Congreso, la cual provocó que saliera a hacer una denuncia sobre un ‘faenón publicitario’, lo que generó la separación de mi cargo”, sostuvo el trabador parlamentario.
Narró que ese hecho trajo como consecuencia que se le inhabilitara por cinco años para ejercer cualquier cargo público.
“Ni siquiera me dieron la documentación para poder defenderme en sede parlamentaria. Me denunciaron penalmente, me despidieron, lo que hice fue demandar al Congreso, y la acusación hecha por el procurador del Parlamento terminó archivada de manera definitiva y en consecuencia tuvieron que reponerme”, recordó.
Dijo que fue tal la persecución que soportó de parte del legislador Abugattás, que era el propio abogado Julio Arbizú, del entorno nacionalista, el que interponía las recusaciones contra el fiscal, con la finalidad de alargar el proceso.
HABLA EGUREN
Ante este problema, el extitular de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, afirmó que los asesores legales de las diferentes instituciones públicas deben recomendar desistir de las demandas efectuadas por los trabajadores cuando éstos tienen razón, de lo contrario el Estado se llena de deudas por pagar.
“En todos los escenarios, hay un titular quien debe recibir asesoría legal, y, ante las demandas, si el informe acredita que el demandante tiene la razón, entonces ¿para qué ir a juicio? Más aún cuando son temas laborales. Lo que pasa es que hay frialdad de por medio y los problemas legales se patean para la siguiente administración”, sostuvo.
Eguren indicó que el sistema de defensa del Estado, en general, es malo porque no está bien estructurado y tiene una fuerte incapacidad para negociar y desistir de las demandas, a veces por miedo a ser denunciados ante la Contraloría.
“Todavía no han ganado los procesos”
El procurador del Congreso, Julio Espíritu Orihuela, dijo a EXPRESO que existen trabajadores que han demandado al Parlamento Nacional pero que todavía no han ganado los procesos.
“Hay trabajadores de la Corte Interamericana que han demandado y están pidiendo su indemnización ¿Qué tengan derecho? No creo, pero tienen derecho a demandar, pero ese monto no creo”, indicó.
Al señalarle que el monto total de 105’310,874.16 millones de soles por contingencias judiciales abarca a todos los trabajadores que iniciaron procesos en la anterior administración, Espíritu afirmó que existen empleados que han sido reconocidos por el Estado y que también están demandando pero no tienen ningún derecho consolidado.
Personal parlamentario es de 4,524
Hasta el 30 de junio del 2016 existía un total de 4,524 trabajadores en el Congreso de la República, tal vez fue por eso que ni bien asumió la Presidencia del Parlamento, Luz Salgado aseguró que implementaría una política de austeridad.
Mientras que en julio del 2011 el número de personal del Servicio Parlamentario fijo e indeterminado era de 1,114, en junio del 2016 el número aumentó a 1,435. Lo mismo sucedió en la Organización Parlamentaria, ya que de 861 trabajadores el número aumentó a 1,027.
Pero fue en el Servicio Parlamentario en donde existen diferencias sustantivas pues en el 2011 existían 19 personas y el 2016 eran 330.
En tanto que en el Módulo de Apoyo trabajaban 9 personas y hoy son 72. Como se sabe, el Parlamento tiene 130 legisladores y 5 parlamentarios andinos.
El congresista Yhony Lescano (AP) opina que la mala administración del Congreso por las autoridades de turno origina un “clientelaje” que se refleja en el aumento de las planillas.
“Cada vez que un partido político ingresa a (la Presidencia) del Congreso, aumenta la planilla porque coloca a personas de su partido político y cuando se va, el que lo reemplaza despide al trabajador sin darse cuenta que ya tiene derechos adquiridos”, sostuvo el legislador.
Por María Teresa García
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GUSTAVO RONDÓN FUDINAGA (*)
(*) Excongresista de la República
Este es un ejemplo de cómo un mal gobierno puede llevar al Congreso de la República a tener pérdidas económicas las cuales se traducen en atropellos en contra de los propios trabajadores, pues si las normas son bien manejadas y se respetan los derechos, no se producirían las contingencias judiciales.
Desde ese escenario, habría que responsabilizar a los presidentes del Congreso que culminó por haber cometido una irresponsabilidad tan grande que incluso puede traducirse en prebendas, es decir, sacaron a los que no eran de su partido político para poner a los suyos.
Esta situación refleja cuán mal hacen los partidos políticos en la vida de un país ya que si la política es mal utilizada, se anteponen los intereses partidarios y personales.
Muchos de los cambios laborales obedecen a animadversiones personales que vulneran las propias normas del Congreso y los derechos humanos.
Cuando las personas se sienten afectadas ante el exceso de poder, recurren a la justicia que finalmente les da la razón, y es cuando vienen los perjuicios económicos que deberían ser pagados por quienes cometieron estos errores y, sin embargo, terminan siendo solventados por los contribuyentes. Esa es la gran verdad.
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