Edgar Alarcón Tejada: “Hay corrupción en obras de Línea 2 del Metro de Lima”



PERU21   -Para velar por el dinero de todos, la Contraloría se instalará desde esta semana en los megaproyectos. En la Línea 2 hubo corrupción y en las compras militares que está auditando encontró, por lo menos, dos licitaciones direccionadas. Investigará acuciosamente al gobierno de PPK.
Recibió muchas críticas, principalmente que está aterrorizando a los funcionarios, que estos no firmarán nada y que la inversión estatal se paralizará más aún.
Los funcionarios no deben preocuparse, solo cumplimos con la norma que me permite publicar las investigaciones. Ahora podremos hacer control preventivo y acompañar los procesos de licitación, de compras, la ejecución de los megaproyectos y cualquier otra obra. Estamos chocando con intereses, consultores, abogados, empresas, incluso institutos.
Se afirma que la lentitud en las obras estatales será mayor aun.
No han entendido el acompañamiento de Contraloría para los megaproyectos. Buscamos el cumplimiento del contrato y alertar sobre posibles riesgos. No habrá lentitud, evitaremos que el error se convierta en una irregularidad. Tomo las críticas con mucha tranquilidad. Tal vez no están acostumbrados a que se les oriente. Me han dicho policía, copiloto. Estamos convirtiéndonos en gestores…
Incluir a otra institución del Estado significa lentitud en toma de decisiones…
Queremos que los recursos del Estado se gasten bien. No funcionará como un órgano de control, sino un equipo de trabajo. Desde la próxima semana estaremos en la Línea 2, Gasoducto del Sur, aeropuerto de Chinchero, Línea Amarilla e IRSA IV. Son 18 mil millones de dólares del Estado.
En el proyecto de la Línea 2, ¿hay corrupción o solo atraso?
Hay corrupción. Al finalizar la auditoría, encontramos cinco irregularidades que evidencian corrupción. Están implicados 23 funcionarios. Le explico. Línea 2 tiene un contrato a suma alzada por 5,300 millones de dólares, aproximadamente. Pero, al inicio del proceso, saltó la necesidad de inaugurar el tramo 1A, de 4.3 kilómetros, en junio del 2016. Esta aceleración incrementó el monto contractual en 156 millones de dólares, no previstos inicialmente. Se ha avanzado 700 metros de túnel solamente. El tramo 1A debió terminarse en junio del 2016 y con la adenda se ha postergado para setiembre.
Será imposible si tienen 700 metros…
Estimamos que el retraso físico de la obra en el tramo 1A es de 14 meses. Le aseguro que ahí habrá otra adenda.
¿Qué ley han violado los 23 funcionarios? Contraloría no contempla la capacidad discrecional que tienen estos…*
Ese es el criterio del señor José Escaffi, hemos tenido varias conversaciones. El TC ya anotó que la discrecionalidad se ejerce sobre la base de un sustento mínimo. Las irregularidades han violado norma. Están equivocados cuando afirman que los auditores de Contraloría no tienen competencia en las asociaciones público-privadas (APP) y en concesiones. No es así, nuestros auditores se han capacitado en ESAN. Qué extraño, nos capacitan y luego nos critican.
Contraloría también observa que el uso de la tuneladora sea para menos kilómetros de lo contratado. ¿Cuál es el problema si el contrato de la Línea 2 es a suma alzada? No hay pérdida…
Hemos observado esto porque en las bases figura que, de los 34 kilómetros que tiene la Línea 2, se estipula que la mayor parte del recorrido se hará con tuneladora y 5.8 kilómetros con el método tradicional. Quedó un solo postor; este impuso que haría 8.9 kilómetros con el método tradicional, cambió las condiciones. Por qué el comité técnico aceptó…
Qué importa, el contrato es a suma alzada…
A diferencia de la tuneladora, el método tradicional perturba el entorno donde se utiliza. En el tramo 1A, Santa Anita-Evitamiento, se ha usado el método tradicional y ha generado el bloqueo de un carril de la Carretera Central, mover las redes de agua y desagüe. Hay un costo adicional, no en la obra del metro, sino en los colaterales, el entorno…
¿Por qué no usaron la tuneladora?
A la firma del contrato, la empresa ganadora manda a fabricar la tuneladora a medida para el túnel que requerimos. Normalmente demora un año. Ha tomado dos años, ya está en el Perú, se está ensamblando. Como se ha usado el método tradicional, tenemos más de un año con esa perturbación en la zona, congestión vehicular, movimiento de tierras. Con el método tradicional se triplica el costo por kilómetro, de 17 mil dólares a 44 mil. No es un perjuicio económico en este momento, pero hemos proyectado la pérdida y son 81 millones de dólares.
¿Qué argumentan? ¿Nada?
No tienen un sustento técnico, dicen que fue una decisión que se tomó en el momento, hablan de la suma alzada, pero sus descargos no son satisfactorios para Contraloría. La obra está en ejecución; según contrato, durará cinco años. Ya corrieron dos años y cuatro meses. Estimamos que hay 14 meses de atraso. Esto tiene un costo para la inversión. Si el presupuesto del proyecto de la Línea 2 es de 5,300 millones dólares y demora uno o dos años, al final serán varios millones adicionales.
Pero eso lo asume la compañía con el contrato a suma alzada…
Le aseguro que, cuando se cumplan los plazos, comenzarán las adendas y modificación de los plazos. Saltarán las observaciones: no me entregaste los terrenos, no había habilitaciones. Ya hay una adenda firmada para el tramo 1A.
El sustento de las adendas es que no les dan los terrenos saneados. ¿Es una realidad?
Sí lo es. El Estado debe tener celeridad en esto. En la pista 2 del aeropuerto van 15 años y no se entregan los terrenos.
La Línea 2 va de Ate al Callao. ¿Es arbitrario iniciar los trabajos en el tramo 1A?
Llama la atención que empiecen por la parte intermedia, en la sexta estación. Es un riesgo que no han sabido explicar técnicamente, por qué ese capricho…
Según Daniel Abugattás, fue un capricho de Humala, quería inaugurar antes de irse.
No tenemos documento sustentatorio sobre ello. Suena posible. Los señores del comité de Proinversión deben saber de dónde vino la orden. No explican por qué. Afirman que sacaron un costo-beneficio de dónde podían movilizar a usuarios con una regla de tres simple. Cuando termine la ejecución del tramo 1A, con la auditoría de cumplimiento, llamaremos a Abugattás.
¿El tramo 1A de una estación, Santa Anita-Evitamiento, será inútil o se utilizará?
Prevén un costo de 0.70 centavos de dólar, 2.30 soles por el uso de ese tramo. Comparativamente es caro, le aseguro que la población no va a subir.
No es un sustento técnico…
Lo estamos poniendo como un riesgo en la ejecución. La irregularidad es la demora y el monto adicional de 156 millones de dólares.
¿Usted ha pedido parar la obra?
No. Al premier le hemos planteado los riesgos, el ministro de Transportes se ha comprometido a sacar la obra en el 2021. Les hemos planteado hacer un trabajo preventivo. Podemos ayudar…
¿A acelerar?
A que se cumplan las condiciones contractuales.
¿Se está construyendo contra la seguridad sísmica?
La norma nacional no incluye los estándares de una obra subterránea. Este túnel es el primero en el Perú. El contrato indica estándares internacionales de 1.5 de espesor. Hubo una discusión sobre el índice y se aceptó el 1.5. Pero faltan muchos tramos, 32 kilometros. Nosotros estaremos vigilantes para que se mantengan las condiciones del contrato.
¿Qué ley han violado los 23 funcionarios de Línea 2?
Les hemos imputado responsabilidad civil por no haber aplicado una penalidad de 350 mil dólares a los ingenieros extranjeros que no se han inscrito en el Colegio de Ingenieros. El contrato lo estipula. No hay observación de la Contraloría que no esté sustentada en una norma legal.
¿Estos 23 funcionarios pueden llegar a ser inhabilitados?
Sí. Este proceso demora a Contraloría entre seis y ocho meses. Otra observación es la ligereza con la que el comité de evaluación evalúa a las empresas, el ‘check’ solo señala si cumple o no. Hay otros métodos.
¿El Estado puede recuperar esos US$156 millones adicionales del tramo 1A fruto del capricho de Humala?
Puede renegociar con la empresa. Si no han cumplido con la aceleración, se le puede descontar a favor del Estado. A este ritmo de avance, demorarán fácilmente 10 años y habrá sobrecostos.
Cinco ministros del gobierno de Humala están investigados por la Fiscalía Anticorrupción por el tema del Gasoducto del Sur. ¿Cuál es la irregularidad?
Ya hemos elaborado un informe. Esos ministros son miembros del comité de Proinversión que modificó el contrato, estableciendo que a los 10 años el concesionario puede cambiar al operador calificado sin ninguna autorización del Estado. Y esta decisión no tiene justificación técnica ni legal. Normalmente, los postores piden modificaciones. Aquí no hemos encontrado ninguna petición, la iniciativa es de Proinversión. Estamos procesando administrativamente a los funcionarios de segundo nivel. No podemos hacerlo con los ex ministros, el fiscal sí puede sancionarlos penalmente.
¿Proinversión les ha dicho que no han leído bien el contrato?
Eso no es verdad, el contrato está clarísimo. Al final quien pierde es el Estado, lo pone en situación riesgosa.
Se trata de los ex ministros de Economía, Luis Castilla; de Energía, Eleodoro Mayorga; de Medio Ambiente, Manuel Pulgar; de Agricultura, Juan Manuel Benites; de Vivienda, Milton Von Hesse. ¿El Gasoducto del Sur está parado?
No por nuestra intervención, sino por los problemas financieros que tiene la empresa.
¿Hay perjuicio económico para el Estado?
La auditoría establece que hubo un postor que fue descalificado sin un sustento válido. El diferencial con el ganador fue de 136 millones de dólares. Eso lo está viendo el fiscal.
¿El aeropuerto de Chinchero está parado?
Sí. Al igual que con el Gasoducto, el concesionario no consigue los recursos financieros para iniciar el proyecto. Queremos apoyar para que esto se dinamice. Ositran ha detectado que, por determinadas condiciones técnicas del contrato, no se está atrayendo al mercado financiero. Hay plazos de inicio, pero se reajustan de acuerdo a lo financiero. Hace un año que se firmó. Son 658 millones de dólares. La refinería de Talara también tiene un tema de financiamiento. Petroperú aprobó 500 millones y los 1,000 millones de esta etapa están atrasados. Hemos conversado con el ministro de Energía, está preocupado. Dijo que pondrá todo el empeño.
¿Se reafirma en la denuncia sobre los patrulleros comprados? Le dijeron que no respetó el debido proceso…
Claro que sí. Actuamos de manera preventiva y alertamos los riesgos. Vimos, primero, 200 patrulleros. Y hace poco hemos hecho una visita con técnicos a 800. Tienen los mismos problemas. Adicionalmente, se ha evaluado lo que es sistemas. El lector de huellas no es compatible con la computadora, el software no lo reconoce. El timón no cumple con las especificaciones. El movimiento del timón debía tener regulación axial y frontal. Los patrulleros no han venido con radio…
¡Sin radio un patrullero!
No lo tienen. Pero no se ha incluido en las especificaciones cuando es un tema básico, debería estarlo. La instalación de los radios significa 7 millones adicionales. Hemos sugerido al ministro Basombrío que los revise Senati, Tecsup, la Asociación Automotriz, para contrastar las especificaciones técnicas con el vehículo. Lo ha tomado bien.
¿Si hay irregularidades, se devuelven los patrulleros?
Se puede decirle al proveedor ‘hasta acá nomás’. Faltan 1,200 patrulleros más.
¿También hubo corrupción?
De acuerdo al informe, sí. Estamos estableciendo el tipo de responsabilidad. El ministro no está incluido, no toma la decisión.
¿Están auditando al sector Defensa?
Ahí tenemos 20 auditorías: la compra del satélite, los aviones italianos Spartan (tipo Hércules), los KT1 de Corea, el buque logístico de la Marina, bases de la Marina, material de artillería en el Ejército, el batallón de transporte del Ejército, municiones, construcción de bases en la frontera, y otros temas. Hemos encontrado varias irregularidades. El Congreso me citará para informar. En el caso de los Spartan, tenemos el informe cerrado, se observa un direccionamiento en la compra. El satélite es una compra de gobierno a gobierno, vamos evaluar la ejecución, si tiene todo lo que está en el contrato. Nos han invitado al lanzamiento esta semana, no vamos a ir. Que lo pongan en el aire y veremos si funciona o no adecuadamente.
¿Qué otro informe tiene listo?
El del equipo de ingeniería comprado. El delito es el direccionamiento de la licitación. Direccionalidad es cuando las bases, las especificaciones, están orientadas a una marca.
¿Corrupción?
Sí. Pronto tendremos los otros informes. Se repite lo de otros gobiernos. En el último año se compra, se comprometen recursos. En el gobierno pasado también hubo corrupción.
¿A usted lo nombró Humala?
Sí. No me comunico con él.
A usted le pusieron una denuncia constitucional, se afirma que está siendo ‘escobita nueva barre bien’ y se cura en salud con el Congreso…
Hace muchos años que trabajo en Contraloría. Tengo informes sustentados y tengo que darlos a conocer, según la ley. Sigo con mi trabajo. Si en este gobierno hay irregularidades, también voy a denunciarlo públicamente.
¿El equipo de chuponeo fue comprado ilegalmente?
Sí. Nuestros informes están en el Ministerio Público. Que sepamos, no se ha instalado. La irregularidad es que se compró como reservado, no hay necesidad.
Pueden reactivar la acusación constitucional contra usted.
Estoy muy tranquilo, la anterior fue retirada.

Datos

  • Contador de profesión y funcionario de carrera en la Contraloría General de la República, Edgard Alarcón fue propuesto al cargo por el ex presidente Ollanta Humala.
  • La Comisión Permanente del Congreso lo designó nuevo contralor con 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Ejercerá el cargo por un periodo de siete años.
  • Es experto en control gubernamental, así como en gestión pública.
Por: Mariella Balbi. Periodista

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